LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CULTURA CORPORATIVA

Por: Valeria Gutiérrez Romero^[1]

Nuestra sociedad se enfrenta al desafío constante de derribar las barreras que perpetúan la desigualdad, en especial en lo que respecta a las oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Aunque el principal objetivo de las empresas sea maximizar sus ganancias, en ocasiones descuidan su responsabilidad social, lo que resulta en la persistencia de la discriminación que lamentablemente es una realidad que continúa afectando a una amplia población en la actualidad, teniendo en cuenta que en nuestro país existen más de 2 millones de personas con estas características particulares.

CLASIFICANDO LAS DISCAPACIDADES: MÁS ALLÁ DE LAS ETIQUETAS

Existen diversos tipos de discapacidades que impactan a las personas. La discapacidad física se caracteriza por problemas de movilidad ocasionados por alteraciones corporales o la falta de alguna parte del cuerpo. Por otro lado, la discapacidad sensorial afecta a aquellos que han perdido la capacidad visual o auditiva, lo que dificulta la comunicación. En cuanto a la discapacidad intelectual, implica limitaciones en las habilidades diarias y con frecuencia se confunde con la discapacidad mental, la cual está relacionada con el comportamiento adaptativo del individuo.

NORMATIVAS QUE RESPALDAN: LA IMPORTANCIA DE LA LEY 29973

En atención a lo antes dicho, la Norma Técnica de Salud N° 127-MINSA/2016/DGIESP, aprobada mediante la Resolución Ministerial N°981-2016/MINSA, detalla una serie de diagnósticos que pueden dar origen a diversas discapacidades, pero es importante señalar que no son los únicos que generan discapacidad. Entre los diagnósticos contemplados se incluyen la deformidad anatómica o amputación, pérdida de visión, enfermedades del aparato digestivo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, epilepsia, enfermedad de Parkinson, distrofia muscular, trastornos afectivos como la depresión o la bipolaridad, junto con otros trastornos crónicos y enfermedades.

Es en este contexto que se promulga la Ley 29973, también conocida como la Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada en el año 2012, esta tiene como propósito llenar los vacíos existentes en la legislación nacional en cuanto a la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional, abarcando áreas fundamentales como la salud, la educación y, en particular, el ámbito laboral.

En lo que respecta al ámbito laboral, se puede afirmar que el empleo juega un papel fundamental en la afirmación de la dignidad de las personas que tienen discapacidad, puesto que les proporciona la oportunidad de integrarse de manera significativa en la sociedad. Por ende, más allá de la mera obtención de ingresos, el trabajo les brinda un sentido de realización personal pues al participar en la esfera laboral, esta población desafía percepciones estigmatizadas y fomentan en la cultura corporativa la inclusión y el respeto al demostrar sus talentos y habilidades.

LA CUOTA DE EMPLEO: UN COMPROMISO POR LA INCLUSIÓN

Podemos inferir entonces que el Estado muestra una clara preocupación por garantizar la igualdad de oportunidades para esta población, al imponer a las empresas privadas la obligación de reservar al menos el 3% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad, siempre que el número total de empleados supere los 50, y para empresas públicas, el 5%. Esta medida, llamada cuota de empleo, no solo refleja un compromiso gubernamental con la inclusión y la equidad, sino que también impulsa un cambio significativo en la cultura empresarial, promoviendo la diversidad y reconociendo el valor y las capacidades únicas que cada individuo aporta al mercado laboral.

INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO: EL PAPEL DEL REGISTRO DEL CONADIS

Para que una persona con discapacidad pueda ser considerada para un empleo, es imprescindible que obtenga el carnet de inscripción en el Registro del CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidad). Este trámite se realiza en línea a través de su página web: https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/, donde se debe completar la información y los requisitos que la norma exige.

Es importante precisar que la política nacional sobre la cuota de empleo para discapacitados no solo representa una oportunidad laboral para este grupo, sino que también ofrece incentivos significativos para las empresas que empleen a esta población, tanto del sector público como del privado. Por ejemplo, aquellas empresas que emplean a personas con discapacidad y son generadoras de rentas de tercera categoría derivadas de sus actividades comerciales, industriales o de servicio, pueden acceder a beneficios en forma de créditos tributarios contra el Impuesto a la Renta.

INCENTIVOS FISCALES: BENEFICIOS PARA EMPRESAS COMPROMETIDAS

Estos incentivos incluyen una deducción adicional en el impuesto a la renta sobre las remuneraciones pagadas a estos empleados, cuyo porcentaje es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, se pueden deducir los gastos asociados a la implementación de ajustes razonables en el lugar de trabajo (modificaciones empleadas para garantizar el derecho al trabajo de esta población vulnerable). En este sentido, el Estado reembolsa a las empresas el 50% de estos costos, bajo la condición de que las empresas cuenten con los comprobantes de pago de los ajustes razonables.

EL VALOR DE LA DIVERSIDAD EN EL TRABAJO: MÁS ALLÁ DE LA CUOTA

En conclusión, esta comunidad de personas discapacitadas puede aportar significativamente al lugar de trabajo ya que no solo poseen habilidades diversas, sino que muchos de ellos son competentes para roles específicos que no comprometen su salud y seguridad. Por otra parte, las empresas también pueden aprovechar los incentivos fiscales y los beneficios asociados a su contratación.

COMPROMISO Y CONSECUENCIAS: LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO

Esta acción no solo puede ser una oportunidad transformadora para promover la inclusión en la cultura corporativa, sino que también puede generar un impacto positivo en la comunidad laboral en general. Además, es crucial tener presente que el incumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad constituye una infracción de carácter grave, sujeta a multas por parte del órgano competente (SUNAFIL); por ende, al priorizar la diversidad y la inclusión, las empresas no solo crean un ambiente laboral más enriquecedor para todos los empleados como ya se había mencionado antes, sino que también cumplen con sus obligaciones legales.

——————————————————————————————————–

^[1]Asistente Legal de Estudio Carranza & Abogados.