DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS: EL ESTADO DE EMERGENCIA Y LA DELINCUENCIA EN TRUJILLO

En medio de una creciente preocupación por el aumento alarmante de la delincuencia en Trujillo, el Estado ha implementado medidas drásticas, incluido el estado de emergencia, para hacer frente a esta crisis. Este artículo examina la eficacia y las implicaciones de tales medidas en un contexto donde la seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad urgente.

Por: Evelio Vidal Abanto^[1]

La delincuencia, en los países latinoamericanos, es un mal común. Las estrategias que los gobiernos de turno implementan pueden ser catalogadas de diferentes maneras: populistas, excesivas, diminutas, inconstitucionales o simples actos sin contenido alguno. Actualmente, las cifras de la criminalidad común y organizada son alarmantes. Hablar de cifras simplemente aumenta el temor de la gente. Los ciudadanos, en su gran mayoría, no necesitan conocer las cifras^[2], necesitan acciones urgentes y eficaces para reducirlas.

Solo como referencia, se tiene como datos brindados por el Premier, que en el año 2023 se registraron más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Y que en lo que va del 2024 se produce casi una muerte por día.

Perú, y en especial La Libertad, viene enfrentando la ola más grande de delincuencia que se haya podido registrar en los últimos años. A esto debe sumarse la ferocidad con la que se cometen una serie de delitos, que van desde robos, secuestros, extorsiones y sicariato. Cualquier persona se encuentra expuesta a ser víctima de estos delitos y la percepción que se tiene no solo es el miedo natural de ello, sino que además, no siente una respuesta adecuada de las autoridades y de la política criminal que establece el Estado.

Es tanto el descontrol que un exministro, con razón, ha bautizado a Trujillo como la “capital del crimen”, dejando de lado el reconocido título que teníamos de la “capital de la eterna primavera”. Parece estar quedando en el olvido los días donde nuestra ciudad era conocida y reconocida por su concurso de marinera, por su corso primaveral y por su sol deslumbrante. Hoy lo que deslumbra es la forma y modo como, hasta en los lugares más impensados, son escenario de crímenes violentos. Hechos que, además, se agudizan con la minería informal y todas las consecuencias que ello trae.

Ninguna regulación que el ejecutivo haya dado, hasta ahora, ha funcionado, por lo menos eso es lo que indica la propagación de noticias diarias donde, los medios aumentan el temor de la gente, exponen los hechos delictivos de manera cruda y sin censura y por otro lado exponen la deficiencia del Estado, o la decisión, de luchar de manera frontal contra la delincuencia violenta.

Lo anterior ha generado que el Ejecutivo, el día 14 de febrero del presente año, decretó en Estado de Emergencia a Trujillo y Pataz, ciudades con mayor índice de crímenes violentos. Aunque el concepto de Estado de Emergencia es conocido por la mayoría de personas, en base a la experiencia del COVID – 2019, donde constantemente se decretaba dicha condición, el actual tiene otra finalidad, que es controlar la grave amenaza al orden interno por el incremento. del accionar criminal y la inseguridad ciudadana, derivado del aumento de los delitos de hurto, robo agravado, homicidios, sicariato, extorsión, secuestro, minería ilegal y delitos conexos.

El Estado de Emergencia tiene regulación expresa en nuestra norma constitucional, en el artículo 137, en donde el Estado puede restringir determinados derechos fundamentales cuando sea necesario para evitar la perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Los derechos constitucionales que pueden verse limitados son los relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso. 24, apartado f, del mismo artículo. El plazo del estado de emergencia no excederá de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto.

Así las cosas, es fácil anunciar que el Estado pretende mediante la publicación del Decreto Supremo Nº 019-2024-PCM, luchar contra la delincuencia que crece a pasos agigantados en nuestra ciudad y para ello se demostró necesario restringir los derechos fundamentales detallados en el párrafo anterior, específicamente, la libertad de reunirse y concentrarse en cualquier lugar público desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas, quedando prohibidos los eventos sociales y espectáculos durante dichas horas. Para hacer cumplir tal disposición, se dispuso la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Lo que el ciudadano se cuestiona es si realmente esta disposición cumple con la finalidad, es decir, luchar, reducir o controlar los hechos criminales que vienen suscitándose en nuestra ciudad. Es válido y hasta lógico preguntarse si prohibir eventos sociales o espectáculos públicos puede ayudar a la función del Estado. Pareciera entenderse, por parte del Ejecutivo, que los delitos se cometen entre las 00.00 horas y las 04.00 horas de cada día, y en el resto de horas sobrantes, la delincuencia descansará o se replegará para no ser detectados.

A un mes del Estado de Emergencia, se han brindado conferencias por parte de diversas autoridades policiales, militares y gubernamentales, sosteniendo un tibio discurso sobre la eficacia de la medida; lo cierto y concreto es que, lejos de ello, la sensación y además la realidad no refleja del todo que los hechos delictivos se hayan controlado y además hayan disminuido. Creemos que la eficacia de una medida no solo basta con emitir normas como placebos o paliativos, sino que además se debe fijar verdaderas políticas criminales para luchar contra la delincuencia, aviones operativos respaldados con un correcto observatorio del delito, pero además complementadas con otras políticas estatales como tratamiento de la pobreza, aumento de la calidad educativa y expansión de los servicios sociales, de modo tal que permita al Estado un mayor control de la delincuencia.

Esperamos que, con el paso de los días hasta el día 60 que tiene vigencia el Estado de Emergencia, tengamos resultados positivos, no solo acompañados de cifras de cuántos delitos se han cometido, cuántos se han prevenido, sino también de cuántos han sido correctamente investigados y sancionados. Esperamos también que el Estado muestre interés y entienda que no solo es cuestión de 60 días para frenar la delincuencia, sino que hacen falta más acciones y más planos operativos de diversos sectores. Esperamos que esa espera no sea como siempre suele suceder, un simple espacio de tiempo donde no hay solución y el ciudadano sigue sintiéndose inseguro o, en el peor de los casos, convirtiéndose en una víctima más y una cifra más que es discutida en los medios de comunicación como una noticia que, además de vender su contenido, se convierte en la principal alarma de esa inseguridad.

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^[1]Socio del Estudio Carranza y Abogados

^[2]Solo como referencia, se tiene como datos brindados por el Premier, que en el año 2023se registraron más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Y que en lo que va del 2024 se produce casi una muerte por día.