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IMPACTOS CONTRACTUALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA SEGURIDAD LABORAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ
El marco legal peruano suele centrarse en la ejecución de proyectos, dejando de lado que la gestión de riesgos ambientales y laborales tiene como objetivo proteger el patrimonio natural y cultural, salvaguardar la vida y salud de las personas, así como prevenir contingencias.
Por: Wuandy Magali Vargas Guevara [1]
Hoy en día, la prevención de accidentes y la protección del medio ambiente en el desarrollo de obras en el Perú se han convertido en temas fundamentales para el crecimiento económico del país. Si bien ambos aspectos influyen de manera significativa en la firma y ejecución de contratos de obra, aún existen elementos que no están siendo adecuadamente considerados. Esto ocurre porque el marco legal y operativo peruano suele centrarse únicamente en la ejecución del proyecto, dejando de lado que la gestión de riesgos ambientales y laborales tiene como objetivo principal proteger el patrimonio natural y cultural, salvaguardar la vida y salud de las personas y prevenir contingencias que puedan generar sobrecostos, paralizaciones e incluso responsabilidades legales para las empresas contratistas y ejecutoras.
En ese sentido, resulta indispensable revisar el marco normativo y las exigencias contractuales vigentes. El panorama peruano está regulado por la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que exige la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según corresponda. Estos documentos conocidos como Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), deben contar con aprobación previa para que la obra sea considerada viable y pueda formalizarse un contrato.
En consecuencia, los pliegos de contratación, tanto en obras públicas como privadas de gran envergadura, incorporan cláusulas que obligan a implementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) debidamente alineado al IGA aprobado por la autoridad competente. Paralelamente, en materia de seguridad y salud en el trabajo, los contratistas deben cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley N.º 29783, el Decreto Supremo 011-2019-TR, la Norma G.050 y demás normativas complementarias. Asimismo, es obligatorio contar con seguros y garantías que cubran eventuales daños ambientales durante la ejecución de la obra.
El incumplimiento de estas obligaciones durante la etapa de ejecución puede desencadenar consecuencias severas: penalidades contractuales, ejecución de garantías, paralización del proyecto e incluso la resolución del contrato, afectando directamente la rentabilidad, reputación y continuidad operativa de la empresa contratista.
A partir de este contexto surge la siguiente interrogante:
¿Qué implicaciones económicas y de gestión pueden afectar un contrato de obra?
La respuesta se origina principalmente en la etapa precontractual, en la cual se presentan diversas implicancias:
- Elevación de costos
Un IGA exigente demanda medidas de mitigación robustas, lo que implica inversiones en tecnologías limpias y procesos constructivos sostenibles. Estos elementos incrementan los costos directos de obra y deben ser adecuadamente incluidos en la oferta económica para evitar pérdidas futuras.
Asimismo, las entidades contratantes pueden exigir equipos, certificaciones o procedimientos específicos en materia de SST que no siempre están detallados claramente en las bases del proceso y que generan costos adicionales no previstos.
- Valoración de riesgos
Es imprescindible realizar una valoración exhaustiva de los riesgos ambientales, incluyendo aspectos culturales y sociales, y de los riesgos a la seguridad y salud del trabajador. Riesgos como la presencia de comunidades vulnerables, zonas sensibles o hallazgos arqueológicos pueden convertirse en variables críticas que afectan el precio y el plazo del proyecto.
Un riesgo que no es previsto ni correctamente analizado, puede transformarse en una contingencia grave, derivando en retrasos e incremento de costos.
- Gestión de subcontratistas
Los subcontratistas, al intervenir en la ejecución, suelen no asumir plenamente las responsabilidades legales, económicas o técnicas, recayendo la responsabilidad solidaria en el contratista principal. Esto exige implementar estrictos sistemas de monitoreo y control en toda la cadena de valor y establecer cláusulas contractuales claras para evitar controversias entre el contratista principal y el cliente.
Desafíos y oportunidades
El Perú enfrenta dos grandes desafíos:
- Variabilidad normativa y capacidad de fiscalización desigual entre regiones y autoridades (Gobiernos Regionales, ANA, OEFA, entre otras). Las empresas deben estar preparadas para inspecciones inopinadas y responder oportunamente a las observaciones.
- Incorporación efectiva de la sostenibilidad mediante:
- Uso eficiente de recursos
- Empleo de nuevas tecnologías
- Adecuada gestión de residuos
- Minimización del impacto hídrico
- Fortalecimiento de una cultura corporativa sostenible en todos los niveles.
Las empresas que asumen un enfoque proactivo pueden convertir estos desafíos en una ventaja competitiva, especialmente en licitaciones de gran escala.
Un contrato de obra hoy representa mucho más que un acuerdo económico. Implica un compromiso integral con la prevención de riesgos laborales y la gestión ambiental. El éxito de un proyecto dependerá cada vez más de la coordinación y responsabilidad conjunta entre todos los actores involucrados: contratante, contratista, supervisor, fiscalizador y autoridades. Solo mediante una gestión preventiva, sostenible y legalmente sólida es posible asegurar la continuidad, viabilidad y rentabilidad de las obras en el Perú.
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[1] Abogada, árbitro, miembro de Dispute Board y jefa legal de la Gerencia de Operaciones en Constructora MPM Perú. Presidenta de la Asociación de Mujeres Líderes en Construcción JRD/DAB en Perú.
